La industria minorista de combustibles en Colombia se enfrenta a un dilema histórico: adaptarse al nuevo marco laboral o desaparecer. Más de 54.000 puestos estarían en riesgo si avanza el modelo de autoservicio propuesto por los distribuidores.
En medio de una coyuntura marcada por reformas laborales profundas y el alza de los costos operativos, las estaciones de servicio en Colombia han encendido las alarmas. Según la organización gremial Imzacom, que agrupa a los distribuidores de combustibles del país, el sector podría experimentar una pérdida masiva de empleos si se implementa el sistema de autoservicio como respuesta a los efectos económicos generados por la nueva Ley 2466 de 2025.
Este cuerpo normativo, que ya está en vigor, contempla una reducción progresiva de la jornada laboral semanal, además de ajustar los recargos por trabajo nocturno, dominical y en días festivos. Aunque estas medidas buscan dignificar el empleo formal, también han creado un escenario complejo para miles de microempresas familiares que sostienen las más de 6.400 estaciones de servicio activas en el país.
El cálculo preocupante: más del 60% de los puestos podrían desaparecer
José Alberto Arias, presidente ejecutivo de Imzacom, fue claro al describir el impacto potencial. De continuar la tendencia, hasta dos tercios de los empleos podrían desaparecer antes de 2027. Actualmente, cada estación emplea en promedio a nueve personas. Con el modelo de autoservicio, esa cifra se reduciría a tres.
“Adaptarnos sin destruir empleos es el mayor desafío que debemos enfrentar”, afirmó Arias en una entrevista reciente.
Y es que los números no mienten: la organización estima que los costos laborales aumentarían hasta un 22% en apenas dos años, un margen insostenible para negocios que ya enfrentan múltiples desafíos estructurales como la inseguridad, las restricciones de movilidad en grandes ciudades, la carga impositiva y la creciente competencia.
Autoservicio: ¿solución tecnológica o sentencia silenciosa?
En respuesta a esta presión financiera, el gremio ha planteado la posibilidad de implementar de forma gradual el sistema de autoservicio, un modelo ampliamente utilizado en países como Estados Unidos, pero que en Colombia generaría un choque cultural, social y económico significativo.
El funcionamiento es simple: el conductor sería responsable de tanquear su vehículo sin necesidad de un operario. Aunque parece una solución eficiente en términos de costos, la implicación social es devastadora: más de 54.000 trabajadores perderían su fuente de ingreso en los próximos años.
Arias asegura que los empresarios están explorando pilotos de prueba, pero aclara que el objetivo no es despedir trabajadores, sino sostener las operaciones. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos empleos no serían reemplazables ni reconvertibles fácilmente.
El llamado al Gobierno: soluciones antes de que sea tarde
Frente a esta posible crisis laboral, Imzacom ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para instalar una mesa técnica intersectorial que evalúe el impacto de la reforma, proponga ajustes necesarios y diseñe incentivos que permitan a las estaciones de servicio mantenerse a flote sin sacrificar empleo.
La propuesta del gremio no se limita a la resistencia al cambio. Reconocen la necesidad de evolucionar, pero exigen que dicha transformación no deje a cientos de comunidades sin empleo ni oportunidades económicas.
“La sostenibilidad del sector minorista de combustibles no es solo una urgencia empresarial: es una necesidad para preservar el tejido económico del país”, concluyó Arias.
Más allá de la bomba: el impacto oculto del autoservicio
Para muchas regiones de Colombia, especialmente aquellas alejadas de los grandes centros urbanos, las estaciones de servicio cumplen una función vital que va más allá de la venta de combustibles. Son puntos de encuentro, espacios de empleo local, centros de atención básica y, en ocasiones, el único lugar con acceso a servicios bancarios, baños públicos o primeros auxilios.
La transformación hacia el autoservicio, aunque atractiva desde el punto de vista empresarial, pone en juego la dinámica económica y social de miles de familias que dependen de estos empleos para subsistir.
Lo que viene: incertidumbre, ajustes y negociaciones
Mientras el país avanza en la implementación total de la Ley 2466 y se acerca al umbral de los cambios salariales proyectados para 2027, el sector espera que sus inquietudes sean escuchadas. La experiencia de otros países sugiere que el autoservicio puede funcionar bajo ciertos parámetros, pero no sin consecuencias.
Colombia enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre modernización, justicia laboral y sostenibilidad empresarial. El desenlace dependerá, en gran medida, de la voluntad política y la capacidad de diálogo de todos los actores involucrados.
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