Vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia contra la mujer, comenzando desde el lenguaje violento y la descalificación. No sucede nada porque los feminicidas están al acecho. En casi todos los casos ha habido una alerta ante las autoridades, pero nadie defendió o protegió a la víctima, dejándola sola en las garras de su asesino. El caso de Sofía ocurre ocho años después de que, en circunstancias similares, fuera asesinada Yuliana Sambony. Muchas niñas más, tristemente, han perdido la vida a manos de predadores, asesinos y psicópatas, como ocurrió en Cali con Michelle Dayana González y con Sara Sofía, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Su madre y su padrastro fueron condenados.
A la fecha, se han registrado más de 365 casos de niños violentados en Colombia. Es hora de detener esta situación y enfrentarla con determinación, implementando leyes severas contra los misóginos, maltratadores, violadores y depravados. Los asesinos deben pagar sus crímenes sin reducciones de penas ni beneficios.
Es por ello que en Colombia debemos reconsiderar la necesidad de la pena de muerte. En el contexto actual, donde la violencia sexual y otros tipos de violencia afectan a millones de personas, la discusión sobre la pena capital se ha vuelto cada vez más relevante. La gravedad de estos crímenes no solo destruye vidas, sino que también afecta a familias y a sociedades enteras. Surge la pregunta: ¿es el castigo actual suficiente para enfrentar la magnitud del daño causado?
La violación es un acto que trasciende el simple delito; es un ataque a la dignidad humana, a la integridad física y psicológica de la víctima. Las secuelas de este crimen suelen extenderse más allá del propio acto. Las víctimas terminan con trastornos emocionales insuperables, problemas de salud mental, y en muchos casos, enfrentan una vida marcada por el miedo y la desconfianza, llegando en ocasiones al suicidio.
Los defensores de la pena de muerte argumentan que ciertos crímenes son tan atroces que merecen un castigo proporcional al daño causado. En el caso de los violadores, la naturaleza premeditada, con sevicia y crueldad, justifica la consideración de penas más severas. La pena de muerte podría actuar como un poderoso disuasivo, enviando un mensaje claro de que la sociedad no tolerará tales crímenes.
La libertad de un violador representa un riesgo constante para la sociedad. ¿Nos sentiríamos tranquilos teniendo como vecino a un violador que ha cumplido penas irrisorias?
Es importante señalar que la aplicación de la pena de muerte debe ser rigurosa y justa, garantizando que solo los culpables de los crímenes más graves sean condenados. Esto requiere un sistema judicial consciente y sólido, donde las pruebas sean concluyentes y el proceso legal transparente, sin beneficios ni reducción de penas. Las garantías de un juicio justo son fundamentales para evitar errores irreparables.
La pena de muerte para violadores debe considerarse como una opción válida en la lucha contra la violencia sexual. Aunque es un tema controvertido, es crucial que la sociedad evalúe la gravedad de este crimen y busque soluciones que protejan a las víctimas y garanticen una justicia efectiva. La protección de los más vulnerables y el derecho a vivir sin miedo son valores que deben prevalecer. En este contexto, la pena de muerte podría ser una herramienta en la búsqueda de una sociedad más justa y segura.
P.D.: Más alertas y menos eficacia de la justicia solo han aumentado los crímenes contra menores.
Patricia Alaeddine
Abogada, politóloga y Gestora Cultural.
