En Colombia, el aumento en la violencia contra niños, niñas y adolescentes ha puesto en alerta a la sociedad y las autoridades, quienes enfrentan una crisis que va más allá de los titulares y refleja un problema estructural en el país. Durante los últimos meses, los casos de homicidios y maltratos a menores han alcanzado cifras alarmantes: en agosto, los homicidios a menores sumaron 375, un aumento significativo desde los 177 registrados en abril, según datos de Medicina Legal.
Aumento de homicidios infantiles y actos de violencia sistemática
En este contexto, hechos recientes evidencian la gravedad de la situación. El caso de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años hallada sin vida en un cañaduzal en La Candelaria (Valle del Cauca), conmocionó a la opinión pública por la brutalidad de los actos. Brayan Campo, vecino de la familia, fue detenido como el principal responsable y enfrenta cargos de feminicidio y secuestro agravado. Este suceso ha sacudido a la comunidad, dejando claro el nivel de vulnerabilidad que enfrenta la infancia en el país.
Asimismo, el hallazgo del cuerpo de Alexis Delgado, de dos años, en Cundinamarca, añade otra historia desgarradora. El menor, reportado como desaparecido el 19 de octubre, fue encontrado sin vida tras haber sufrido graves abusos y violencia, desmintiendo la versión inicial del acusado, quien alegaba que la muerte había sido accidental. Medicina Legal confirmó que el pequeño fue víctima de abuso infantil, lo cual resultó en el arresto de su tío político, Carlos Herrán, quien ahora enfrenta cargos por homicidio y tortura.
Una problemática estructural: factores que perpetúan la violencia
Expertos en infancia y derechos humanos en Colombia destacan que estos episodios de violencia reflejan una situación compleja que se arraiga en factores como la normalización de la violencia en ciertos contextos, carencias en la educación y limitaciones de recursos en sistemas de protección. Según la directora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, Lina María Saldarriaga, “la normalización de la violencia y la falta de medidas de protección inmediata incrementan la vulnerabilidad de los menores”.
Los datos de Medicina Legal son desalentadores: en comparación con 2023, el número de casos de violencia contra menores creció en un 32,4 % durante los primeros ocho meses de 2024. La violencia infantil se extiende por el país, afectando tanto a niños de temprana edad como a adolescentes. Según el último reporte, 1.039 casos involucran a menores de 0 a 5 años, 1.940 a menores de 6 a 11 años, y 2.318 a adolescentes de 12 a 17 años.
Escalofriante caso de tortura y violencia vicaria
Además de estos trágicos eventos, el país se estremeció ante el caso de una menor de siete años en Atlántico, quien sufrió torturas por parte de sus abuelos en medio de prácticas de brujería. La menor fue encontrada con graves lesiones físicas, incluyendo quemaduras y heridas con objetos punzantes, en un escenario que resalta la urgencia de intervenir en situaciones de violencia familiar.
Un tipo específico de violencia, conocido como “violencia vicaria”, también ha llamado la atención de expertos. Este término se utiliza cuando los hijos son instrumentalizados para infligir dolor a sus madres, como ocurrió en el caso de un hombre en Bogotá que, en medio de una disputa con su pareja, acabó con la vida de sus dos hijos pequeños.
Propuestas y debates en el Congreso: ¿rebaja de penas para agresores de menores?
En medio de esta crisis, el Congreso de Colombia se encuentra debatiendo una reforma que contempla la reducción de penas para agresores de menores como incentivo para que colaboren con la justicia. Esta propuesta, que generó controversia, busca disminuir la congestión en el sistema judicial y reducir la impunidad en estos casos. Sin embargo, varios senadores han expresado su rechazo a este beneficio, argumentando que esto representaría un retroceso en la defensa de los derechos de los menores.
Para el abogado penalista Francisco Bernate, “la rebaja de penas es una herramienta útil para evitar la impunidad”, ya que los procesos penales prolongados llevan a la revictimización de los afectados y a que muchos casos queden impunes. Sin embargo, los defensores de la infancia consideran que estos beneficios legales son inaceptables en casos de agresiones a menores.
En medio de esta discusión, se evidencia la necesidad de una respuesta estatal integral que priorice los derechos y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. La sociedad civil y organismos internacionales también piden que se refuercen las medidas de protección y se fortalezca el sistema judicial, buscando reducir la violencia que afecta a las generaciones más jóvenes.
